Colegio de notarios puno

Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 países

En su demanda, Victor Nunga solicita la inhabilitación del demandado Venancio Viray por falta grave al haber notariado documentos sin tener una comisión para ello. Tras la acumulación de asuntos, el Colegio de Abogados Integrado de Filipinas llevó a cabo una investigación.

Victor D. Nunga, presidente del Banco Rural de Masantol, presentó una demanda de inhabilitación contra el abogado Venancio M. Viray por falta grave por haber notariado documentos cuando no estaba comisionado para ello en el momento en que se ejecutaron dichos documentos.

El demandado, por su parte, alegó en su comentario que el demandante no ocupa ningún puesto en el Masantol Rural Bank Inc. [en 1987 y 1997, sino que se enfrenta a cargos penales por haber saqueado dicho banco de millones de pesos y [por] allanamiento de morada; mientras que su padre se enfrenta a un caso ante la Comisión de Valores. La venta del lote por parte del Masantol Rural Bank Inc. a su hijo se hizo supuestamente de buena fe y se cumplieron debidamente todas las formalidades exigidas por la ley, y la denuncia, según todos los indicios, es una palanca para persuadirle de un posible compromiso.

Apostilla de las autoridades competentes

El ejercicio de la abogacía no es un derecho, sino un privilegio otorgado por el Estado a quienes demuestran poseer y seguir poseyendo los requisitos exigidos por la ley para el otorgamiento de dicho privilegio. . Un abogado tiene el privilegio y el derecho de ejercer la abogacía sólo durante su buena conducta y sólo puede ser privado de él por mala conducta comprobada y declarada por sentencia del tribunal después de que se le haya dado la oportunidad de ser escuchado. Debe entenderse que la finalidad de la suspensión o inhabilitación como abogado es apartar de la profesión a una persona cuya mala conducta ha demostrado que no es apta para que se le confíen los deberes y responsabilidades propios de un cargo de abogado, y así proteger al público y a los encargados de la administración de justicia, más que castigar a un abogado. El Tribunal también señaló que la certificación notarial no es un acto vacío, sin sentido y rutinario. Está revestido de un interés público sustantivo, de modo que sólo pueden actuar como notarios quienes estén cualificados o autorizados. Un documento notarial tiene por ley derecho a la plena fe y crédito en su cara. Por esta razón, los notarios públicos deben observar con el máximo cuidado la

¿Qué es una apostilla electrónica?

La controversia en la presente petición gira en torno a la admisibilidad de un único documento, una escritura de compraventa que implica un interés sobre un bien inmueble, autenticada por una persona de dudosa capacidad. La sentencia impugnada del Tribunal de Apelación, que anuló las conclusiones de hecho del Tribunal Regional de Primera Instancia, se basó principalmente en la presunción de regularidad que acompaña a los documentos notariales con respecto a su debida ejecución. Concluimos, en cambio, que el documento no ha sido debidamente protocolizado y, en consecuencia, revocamos al Tribunal de Apelación.

El 11 de enero de 1980, los cónyuges demandados Estafino y Florentina Aquino (los Aquino) presentaron una demanda de ejecución de contrato y de daños y perjuicios contra Isidro Bustria (Bustria).1 La demanda pretendía ejecutar una supuesta venta por parte de Bustria a los Aquino de un estanque de peces de ciento veinte mil (120.000) metros cuadrados situado en Dasci, Pangasinan. La propiedad no estaba registrada ni bajo la Ley de Registro de la Propiedad ni bajo la Ley Hipotecaria Española, aunque sí bajo la Ley nº 3344.2 La transmisión estaba cubierta por una Escritura de Venta de fecha 2 de septiembre de 1978.

Http www hcch net

Este caso administrativo contra el Atty. Nestor Q. Quintana (Atty. Quintana) se derivó de una carta1 dirigida al Tribunal presentada por la juez ejecutiva Lily Lydia A. Laquindanum (Judge Laquindanum) del Tribunal Regional de Primera Instancia de Midsayap, Cotabato, en la que solicitaba que se le impusieran las medidas disciplinarias pertinentes por desempeñar funciones notariales en Midsayap, Cotabato, que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial del tribunal comisionado que expidió su comisión notarial, y por permitir que su esposa realizara actos notariales en su ausencia.

En su carta, la jueza Laquindanum alegó que, en virtud de la A.M. nº 03-8-02-SC, los jueces ejecutivos están obligados a vigilar de cerca las actividades de los notarios públicos dentro de los límites territoriales de su jurisdicción y a velar por que los notarios públicos no extiendan sus funciones notariales más allá de los límites de su autoridad. Por lo tanto, escribió una carta2 al abogado Quintana ordenándole que dejara de notarizar documentos dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal Regional de Primera Instancia de Midsayap, Cotabato (que está fuera de la jurisdicción territorial del tribunal comisionado que emitió su comisión notarial para la ciudad de Cotabato y la provincia de Maguindanao) ya que ciertos documentos3 notariados por él habían llegado a su oficina.